A mediados de esta semana desde el área de habitaciones del municipio se llevó adelante la clausura de la guardería náutica que se encuentra ubicada en uno de los galpones del puerto a raíz de no contar con la habilitación correspondiente y en lo que es un capítulo más de una verdadera novela, que en este informe le intentaremos explicar.
Allá, por los años 2000, en épocas del ex intendente Santalla al frente de los destinos del partido de Ramallo y con un proyecto turístico que estaba dando sus primeros pasos, se decidió derivar uno de los galpones del puerto para un emprendimiento privado que apuntale al crecimiento de esta incipiente iniciativa. Así fue que, con un canon muy bajo para la época -algo que se fue repitiendo con el paso de los años-, un empresario local se hizo cargo del lugar y comenzó a explotarla como una Guardería Náutica. Y así siguió hasta estos días, pero con la salvedad que en la actualidad hay una concesión caída y el empresario local judicializó el tema para poder seguir usufructuando un lugar público para beneficio personal.
Durante los últimos meses de la gestión Perie se llamó a una nueva licitación a raíz que la otorgada años atrás ya estaba caída y se presentaron tres oferentes -esta firma en cuestión y otras dos pertenecientes a otro grupo local-, pero una vez abiertos los sobres, desde el municipio se decidió declararla desierta porque las ofertas elevadas no cumplían con sus expectativas. Al mismo tiempo intimó al concesionario a que el 31 de marzo del 2024 haga entrega del galpón.
Pero el concesionario judicializó el decreto que declaraba desierta la licitación y dentro del juicio presentó una cautelar solicitando quedarse en el lugar hasta que salga la sentencia, pero este pedido fue rechazado por la jueza de primera instancia y confirmada por la Cámara.
Por otro lado, y ante esta decisión del empresario, desde la municipalidad se inició un juicio de desalojo para recuperar un bien que le pertenece al estado.
Mientras tanto y ante la caída de la habilitación en cuestión, desde el municipio se llevó adelante la clausura y el proceso judicial tramita por el juzgado de faltas municipal, que tendrá que decidir los pasos a seguir en el tema.