(Fuente y fotografía Diario EL NORTE)
Este lunes se llevó adelante la audiencia de cesura donde las partes debatieron las penas que les corresponderían a Ramiro Cáceres, Walter Díaz y Miguel Pereyra Retamal, luego de haber sido declarados culpables por un jurado popular en el caso del asesinato de César Butara, ocurrido en febrero de 2024.
En esta audiencia técnica declararon alrededor de 14 testigos, quienes se refirieron a los agravantes y atenuantes a tener en cuenta para la imposición de la pena. Entre las personas que prestaron declaración se encontraban los integrantes de la familia de Butara, quienes hablaron en primera persona del dolor que les causó su pérdida, así como de su calidad humana y su rol como sostén de familia.
El pedido de la fiscalía
La fiscal Verónica Marcantonio solicitó que se tengan en cuenta como agravantes la violencia desplegada al momento del hecho y los antecedentes penales de los imputados (Díaz ya había cumplido una condena de 9 años y Cáceres contaba con una sentencia condicional previa).
Con estos argumentos, la acusación pidió la pena de prisión perpetua para Cáceres y Díaz, declarados culpables de Homicidio criminis causa. En tanto, para Miguel “Bartolo” Pereyra Retamal, condenado por Robo calificado con resultado de muerte, solicitó una pena de 37 años de prisión, requiriendo que se compute el agravante por el uso de arma de fuego.
Posición de la defensa
Por su parte, la Dra. Celina Berterame, defensora oficial de Díaz y Pereyra Retamal, argumentó diversos atenuantes:
Para Díaz: pidió valorar su confesión, su arrepentimiento y su conducta en el penal (donde terminó el secundario y actualmente estudia comunicación social). Asimismo, solicitó fijar un límite temporal a la prisión perpetua para que la pena pueda ser revisada en el futuro.
Para Pereyra Retamal: destacó su falta de antecedentes, su confesión, su edad al momento del hecho -22 años- y su progreso educativo en prisión (donde terminó la primaria). Al considerar que tuvo una participación secundaria, solicitó la pena mínima de 6 años y 8 meses de prisión.
Por último, el Dr. Joaquín Castro, defensor de Ramiro Cáceres, solicitó contemplar la edad de su defendido al momento del crimen -18 años-, su discapacidad intelectual, su situación de vulnerabilidad y la falta de contención dentro del penal. Bajo esta línea, solicitó una pena máxima de 8 años de prisión o, subsidiariamente, que se establezca un límite temporal de revisión para la prisión perpetua.
Ahora la decisión final recaerá sobre la jueza Belén Ocáriz, quien dará a conocer las condenas el próximo viernes 17 de julio.
