Días atrás dábamos a conocer que la Cámara de Apelación en lo contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás dispuso desestimar el recurso de apelación interpuesto por los actores (Farías Juan Carlos Antonio y Otros) y en consecuencia confirmar la decisión del juez de levantar la medida cautelar que pesaba sobre la zona de El Tonelero.

Esta decisión se produjo a raíz que la convalidación de Código de Ordenamiento Territorial efectuada por los organismos provinciales competentes, removió el obstáculo que impedía su vigencia, y en consecuencia mantener la medida cautelar carecía de un fundamento lógico, según se indicó.

Horas después de esta confirmación desde la Organización Medioambiental UPVA se manifestaron al respecto con el siguiente comunicado:

“En el día de ayer -por el martes- fuimos notificados que el Juez Provincial Damián Cebey dictó una sentencia dando de baja la cautelar presentada por nuestros representantes legales en virtud del avasallamiento de normas ambientales nacionales, como la Ley de Bosques, o la Ley Nacional de ambiente en varios de sus puntos.

La argumentación judicial se basa en la arbitrariedad de argumentar que como el Código proviene de un organismo legítimo (el Concejo Deliberante) y fue homologado por la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, no había nada que objetar a su contenido y debía tener plena vigencia.

Debemos destacar que nuestra organización nunca objetó la legitimidad de los poderes que lo redactaron, sino el contenido que vertieron sobre él. El Código crea un parque industrial de mil hectáreas sobre la costa norte de Ramallo, incluyendo el sitio histórico del Tonelero, y zonifica como Uso Industrial Exclusivo, áreas protegidas por la mencionada ley de bosques.

La falta de contemplación de la voz de los ramallenses no fue tenida en cuenta en ningún momento del proceso de formulación del Código, sino de manera informal y sin repercusiones sobre lo que se terminó zonificando. Asimismo, no existen estudios de impacto del exponencial incremento en el tráfico de transporte (camiones) sobre el ya saturado camino de la costa. En los hechos, el Código únicamente atendió las demandas de un puñado de empresarios con alta llegada al poder público y especuladores inmobiliarios, relegando cualquier otro aspecto como desarrollo turístico o urbanización a los intereses de estos.

En lo social y legal la lucha pasa a una nueva etapa y no se detendrá hasta que se cumplan con la protección y las garantías de los sitios de importancia ambiental amparados por la ley”.