En las últimas horas del viernes y mediante el informe distribuido por la parte denunciante en el conflicto de Costa Pobre – UPVA junto a vecinas y vecinos que tienen sus viviendas o ranchos de fin de semana en ese lugar-, se conoció que la justicia hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, ordenando la suspensión inmediata de todas las obras, desmontes y movimientos de suelo que se venían realizando en la zona conocida como Costa Pobre, en medio del proyecto de construcción de un puerto en la zona.
Esta medida se extenderá hasta que el grupo inversor haga entrega de los permisos provinciales y nacionales exigidos para emprendimientos de esta magnitud, entre los que se destacan la Declaración de Impacto Ambiental, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 11.723 –(relacionada al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales), la Ley de Bosques Nativos (Ley Nacional 26.331 (protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos( y la Ley Provincial 14.888 (conservación y manejo sostenible de los bosques nativos en la provincia)..
Uno de los puntos que se cuestiona es la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental válido y de la correspondiente Audiencia Pública, lo que son considerados por los denunciantes como una grave irregularidad administrativa y legal, poniendo hincapié en la responsabilidad de del municipio en el avance de los trabajos de desmonte que ya han sido llevados adelante.
