En el mes de marzo de este 2025, Ternium judicializó el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene en el municipio de Ramallo y a raíz de esa medida solo un pequeño porcentaje de ese dinero llega a las arcas municipales, mientras que el resto es depositado en una cuenta judicial.

Desde la empresa sostienen que es obsceno el dinero que pagan por una tasa que no les da ningún tipo de contraprestación y al igual que hicieron en 2016 -también gobierno del intendente Poletti-, concurrieron a la justicia para dirimir quien tiene razón.

El descontento por este pago viene desde hace muchos años -más precisamente desde el segundo mandato del ex intendente Santalla-, luego, se profundizaron en el primer mandato de Poletti y acercaron posiciones en el gobierno del ex intendente Perie -que, a decir verdad, fue más que complaciente con la empresa-, hasta llegar a este momento donde esta medida de Ternium, más la baja en el cobro de las tasas municipales y del dinero que recibe el municipio en concepto de coparticipación, hacen que la situación económica municipal sea más que apremiante.

El párate en la obra pública municipal -uno de los caballitos de batalla de la gestión Poletti en el primer año y medio de gestión-, la prestación de los servicios y el retraso en el pago a proveedores, son tres de las acciones de gobierno que están sufriendo esta situación y nadie se anima a vaticinar cuándo se va a solucionar.

Algún mal pensado dejaba entrever que la decisión tomada desde la empresa del grupo Rocca en marzo de este año habría tenido como objetivo desfinanciar al gobierno de Poletti, contribuir a hacerlo perder las elecciones de medio termino y de esa manera tener un concejo más amigable a sus intenciones de pagar lo menos posible o lo que ellos crean conveniente. Algo incomprobable y que no deja de ser un rumor, pero que se piensa en diferentes sectores de la comunidad.

Nadie lo va a decir a viva voz, porque la empresa mantiene sus formas de ser políticamente correctos, pero interiormente creen que en Ramallo se malgasta lo que ellos pagan -les cuesta entender que es un municipio que tiene la salud a su cargo y les molesta que tenga la cantidad de empleados que tiene- y están convencidos que el distrito prácticamente subsiste por su aporte. Algo que en algún punto puede tener asidero, porque es el mayor contribuyente que tienen las arcas municipales con el pago de esta tasa, pero de ahí a creerse más importante que toda una comunidad hay un trecho considerable.

Solo para tener una idea del alcance económico que tiene esta situación, en el último mes, la empresa tendría que haber pagado unos 1.200 millones de pesos, pero solo llegaron al municipio 289 millones y el resto fue a parar a dicha cuenta judicial.

Tampoco se puede dejar de soslayar que no son buenos tiempos para la industria metalúrgica del país, Ternium no está exenta a esta situación y ahorrar en los gastos que pueda llegar a tener los ayudaría a paliar esta situación.

En el mes de diciembre, las empresas deben renovar su habilitación comercial anual, pero no lo pueden hacer si tienen algún tipo de deudas con el municipio y sin la habilitación renovada estarían inhibidas para trabajar. La gran duda es saber que pasará con este tema tan sensible para las arcas municipales y nadie se anima a vaticinar como termina esta historia cuando la justicia federal dicte un veredicto.

Por estas horas, el dialogo estaría cortado y a la espera de la decisión de la justicia, pero, mientras tanto, a las consecuencias no las paga Poletti o su gobierno, sino que toda una comunidad.